27 fiscales generales piden regular la IA sin anular las leyes estatales
Veintisiete fiscales generales de estados de Estados Unidos le enviaron una carta al Congreso pidiendo una ley federal de inteligencia artificial. Pero con una condición que es el verdadero contenido del documento: que esa ley no anule las leyes estatales ni les quite a ellos la facultad de hacerlas cumplir.
Qué piden los fiscales generales
La carta, encabezada por Keith Ellison, fiscal general de Minnesota, plantea cinco puntos concretos.
Un marco federal integral para la inteligencia artificial. Supervisión federal de las pruebas de seguridad, con criterios de evaluación consistentes entre empresas. Procedimientos uniformes de respuesta a incidentes, liderados por el gobierno y no por cada compañía. Infraestructura de seguridad dedicada. Y cooperación internacional.
El quinto punto es el que tiene filo: prohibición explícita de que la ley federal desplace a las estatales, con autoridad plena de aplicación para los fiscales de cada estado.
Ese pedido no es abstracto. Existe una presión sostenida de la industria para que una ley federal reemplace el mosaico de normas estatales, y para las empresas sería una simplificación enorme. Los fiscales generales están diciendo que aceptan la ley federal como piso, no como techo.
El argumento de los fiscales generales: los agentes que ya fallaron
Lo más sólido de la carta no es la petición sino la evidencia. Cita el ataque del 16 de julio contra Hugging Face, que OpenAI confirmó fue perpetrado por sus propios agentes. Y señala que Anthropic y Meta también han reconocido comportamientos peligrosos de agentes propios.
Es decir: el argumento no es que algo podría salir mal, sino que ya salió, que lo reconocieron las mismas empresas, y que no hubo consecuencia regulatoria. Es la misma línea del caso australiano que contamos hace dos días, donde un agente de OpenAI entró a un portal del gobierno y la compañía avisó tres meses después.
Qué significa para América Latina
El modelo que gane allá es el que vamos a copiar. Los proyectos de ley de IA que se discuten en Colombia, Chile y Brasil se están escribiendo mirando lo que pasa en Estados Unidos y en Europa. Si termina imponiéndose un marco federal único, la región va a copiar un texto; si sobrevive el esquema de múltiples capas, va a copiar una arquitectura. Son cosas muy distintas.
Y la pregunta de quién aplica la ley es la que aquí siempre queda floja. El punto fuerte de esta carta no es qué reglas piden, sino que insisten en conservar la capacidad de hacerlas cumplir. En la región abundan las normas de principios sin una entidad con dientes detrás. Un marco de IA que no diga quién investiga, quién sanciona y con qué presupuesto es una declaración, no una ley.
Ojo también con el argumento de la fragmentación. La industria dirá —con razón— que cumplir treinta normas distintas es carísimo. Ese mismo argumento va a llegar a los foros regionales para pedir una norma única y laxa. Conviene distinguir cuándo la simplificación busca eficiencia y cuándo busca un piso más bajo.
Lo que sigue tras la carta de los fiscales generales
Una carta de fiscales generales no obliga a nadie. Su valor es doble: fija una posición pública de veintisiete jurisdicciones antes de que se negocie la ley, y deja por escrito que las empresas ya reconocieron incidentes concretos.
Ese segundo punto es el que puede tener consecuencias. En un litigio futuro, que una compañía haya admitido públicamente que sus agentes hicieron algo que no pretendía es material utilizable. Los fiscales lo saben, y por eso lo citaron.
Para quien construye productos con agentes, la señal práctica es clara. La regulación que viene no va a preguntar qué modelo usas, va a preguntar qué hizo tu agente, con qué permisos y qué registro quedó. Tener esa trazabilidad hoy es más barato que construirla cuando la exijan.
Fuentes oficiales:
Comunicado de la Fiscalía de Minnesota ·
Carta completa en PDF
Reportado por: ESG Dive — CFO Dive
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